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Expresidente del BCR: "Ya tuve una llamada que es una amenaza, espero que eso pare"

Nicolás Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva, presentó una demanda de amparo tras ser removido de su plaza como técnico.

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Recurso. Martínez espera que su demanda sea admitida y no se le castigue por haber cumplido con lo que dice la ley.

Recurso. Martínez espera que su demanda sea admitida y no se le castigue por haber cumplido con lo que dice la ley.

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Nicolás Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), espera ser restituido como técnico en la institución para la cual ha trabajado por casi 24 años. El economista está a la espera de que la demanda de amparo que presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 13 de noviembre tras su despido, le sea admitida.

Martínez asegura que la supresión de su plaza, acordada el 3 de noviembre por el consejo directivo del banco, es en represalia por haber acudido a una convocatoria de la comisión legislativa que investiga los gastos del gobierno y deuda emitida por la pandemia de covid-19.

"Yo lo que pido es que todos nos comportemos a la altura, yo lo que pido es que por favor no se vayan atrever a amenazarme, ya tuve una llamada que es una especie de amenaza, es una amenaza, y yo espero que eso pare, que se ciñan a la ley", reveló tras haber presentado el escrito.

“Mi jefe, como presidente del Banco Central, no era el presidente de la república,   yo me debía a la Constitución”. 

Nicolás Martínez, expresidente del BCR.

El expresidente del BCR cuenta que funcionarios del Gobierno intentaron persuadirlo durante varios días para que no asistiera a la comisión e incluso una noche antes de la cita. Él acudió porque consideró que estaba obligado por mandato constitucional. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo esta semana que hizo la petición a modo de sugerencia, mientras que la comisionada Carolina Recinos, al ser cuestionada al respecto, respondió que no recordaba haber hablado con Martínez.

"En un estado de derecho democrático, que nos ha costado tantas luchas a tantos sectores de la sociedad, en una transición democrática que se ha ido consolidando desde 1992, los funcionarios públicos se deben al soberano, al pueblo. Mi jefe, como presidente del Banco Central, no era el presidente de la república, yo me debía a la Constitución", sostiene.

"Las preguntas en controversia eran: cuánto dinero había entrado al Gobierno en las cuentas que mantiene el banco central, cuánto dinero había salido en esas mismas cuentas y cuál era el saldo en esas cuentas, y como cualquiera puede entender el banco central es el banco del estado. Nosotros llevamos esas cuentas, ahí está el registro", agrega sobre el pedido de información que recibió por parte del parlamento.

Empero, señala que el BCR solo administra la plataforma y que es el Ministerio de Hacienda es la institución que ejecuta los movimientos en las cuentas.

Los datos trasladados por el banco revelaron que, entre deuda interna y externa, el Gobierno había contado con más de $3,200 millones, lo que contradecía la narrativa oficial de que no se había recibido "ni un centavo partido a la mitad".

Para Martínez eso no debería de ser un problema, pues remarca que el cargo de presidente del BCR es "técnico y no político", y que la tendencia internacional es que los bancos centrales sean instituciones "autónomas, técnicas e independientes".

“En mi caso es un despido fulminante disfrazado con una supresión de plaza porque  fui a la Asamblea Legislativa”.
Nicolás Martínez, expresidente del BCR.

"Yo no soy deliberante políticamente, yo me debía a mi cargo, a la ley del Banco Central, a la Constitución; entonces, cualquier duda de por qué el presidente dijo eso, pues el presidente de la república es la persona que debe de dar respuestas a eso", señala el economista.

Sin embargo, un día después de ir a la Asamblea Legislativa, firmó su renuncia ante el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, tras ser llamado a Casa Presidencial. Martínez dice estar consciente en que el presidente Nayib Bukele elige a los funcionarios que le acompañan en el gabinete, pero lo que no está de acuerdo es en que se le pidiera "incumplir la ley".

Una vez fuera del cargo, Martínez pidió su reincorporación al cargo que tenía como técnico dentro de la institución.

Según la Ley Orgánica del BCR y su reglamento, los empleados del Banco Central pueden optar a una licencia si son promovidos por parte del Gobierno, la Corte Suprema, las alcaldías, a un cargo de alto nivel, explica. Ese permiso le fue otorgado por el consejo a finales de 2019.

Pero el retorno no fue inmediato, la decisión se demoró 15 días, luego vinieron otros 15 días en que, según el exfuncionario, no se le asignación funcionarios, se le bloqueó su cuenta de correo electrónico, se le impidió a otros empleados tener contacto con él, entre otras acciones que él califica como represalias.

“En la democracia que tenemos no se trata de lo que diga el presidente de la república. Todos los funcionarios tienen que hacer lo que diga la ley”.

Nicolás Martínez, expresidente del BCR.

El pasado 3 de noviembre se le convocó a una reunión a la que asistió el actual presidente del BCR, y en la que se le comunicó la eliminación de su plaza bajo el argumento del ahorro. Martínez dijo que en el presupuesto para 2021 se contempla un ahorro de $3 millones y que, por el contrario, en la institución se está contratando personal sin seguir el proceso y que se han aprobado aumentos salariales.

"23 años de empleado, con cinco títulos universitarios, todos en el área económica financiera, con experiencia académica desde 1994, es increíble. Una falta de respeto total a la institucionalidad, a la legalidad del banco central", lamenta sobre su caso. Martínez considera que con su remoción se le han violentado al menos tres derechos: a la estabilidad laboral, al debido proceso y a tener una audiencia. Luego de presentar su demanda de amparo, espera que la Sala de lo Constitucional resuelva conforme a derecho.

Acción legal

Martínez presentó la semana pasada una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerar que se le violentaron sus derechos a la estabilidad laboral, debido proceso y a tener una audiencia.

Función pública. Nicolás Martínez espera que su caso siente un precedente.

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