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4,059 elementos de seguridad pública investigados entre 2019 y 2021

El OUDH reveló que la Fiscalía investigó 1,461 casos de delitos hacia la integridad personal, entre enero de 2019 y octubre de 2020, ligados a policías y militares en tareas de seguridad pública.

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En la base.  Según el informe del OUDH, los agentes de más bajo rango son los que más vulneraciones cometen contra la población.

En la base. Según el informe del OUDH, los agentes de más bajo rango son los que más vulneraciones cometen contra la población.

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La Fiscalía General de la República (FGR) investigó a 4,059 policías y militares entre los años 2019 y 2021, según reveló un informe sobre el derecho a la integridad personal en El Salvador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Los datos del Ministerio Público dan cuenta que 1,461 casos de delitos relacionados a la integridad personal fueron indagados entre enero de 2019 y octubre de 2020. En estos casos estuvieron involucrados 2,916 policías y 685 militares durante ese periodo. Mientras que de enero a octubre de 2021, el total de elementos de FAES y PNC acusados fue de 458.

Entre los delitos de mayor incidencia están los de amenazas, con 497 denuncias, 479 lesiones, 219 amenazas con agravación especial, 36 lesiones graves, 28 violaciones y siete casos de tortura.

El Observatorio manifestó que, de acuerdo con información de la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP), el problema del irrespeto a la integridad personal se encuentra en la base de la institución, pues el 82.60 % del personal denunciado ante la IGSP son agentes.

A la vez, el OUDH advirtió que la eficacia de la IGSP parece ser poca, ya que en tres años únicamente reportaron 27 sanciones de 552 casos reportados entre 2019 y 2021, lo cual representa un 4.89 %.

"Lo mismo se constata al ver los casos judicializados, pues solo se informa de 49 condenas de un total de 289 casos llevados a los tribunales (el 16.44%)", enfatizó en la investigación el OUDH.

La Policía se convirtió en la institución pública con más denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde junio de 2019 a mayo de 2020 y también desde junio de 2020 a mayo de 2021.

Desde junio de 2019 a mayo de 2020, la PNC acumuló el 53 % de denuncias, mientras que en el segundo periodo obtuvo el 44 % del total de las denuncias, constituyendo las violaciones al derecho a la integridad personal las de mayor incidencia.

En el primer periodo las denuncias por este derecho fueron 176 de un total de 882 contra la Policía. Mientras que el segundo fueron 112 de 629 casos.

Carencia de información

Según el Observatorio, existe carencia de datos sobre el derecho a la integridad personal, pese a la información recabada desde la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

"La información compilada presenta muchos vacíos sobre la incidencia real de estas vulneraciones, en unos casos son omisos sobre la tipología de violaciones a derechos humanos (IGSP y el MJSP), la información no es homogénea ni mínimamente concordante sobre el involucramiento del personal policial y militar en las violaciones a este derecho", recalcó el OUDH.

Además, destacó que la información de la FGR sobre este tipo de denuncias no consigna de forma específica el número de delitos cometidos con ocasión, ni sobre el resultado de las investigaciones de la institución.

"Sin embargo, la magnitud de violaciones a la integridad personal imputadas a policías y militares es significativa", destacó el informe.

Durante el régimen

En cuanto a casos registrados durante el régimen de excepción, desde el 27 de marzo hasta el 25 de mayo de 2022, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostuvo en sus dos primeros informes que 1,931 casos que incluyeron presuntos hechos de vulneraciones al derecho a la integridad personal fueron atendidos.

Dentro de estos había comprendidos 21 casos por malos tratos, 12 de uso desproporcionado de la fuerza, tres tratos crueles, inhumanos o degradantes, 171 negativas de agentes o funcionarios a proporcionar información sobre ubicación del lugar exacto en donde estaba la persona detenida y seis intimidaciones.

Las muertes de reos fallecidos durante el estado de excepción también fueron retomadas durante la presentación del estudio. Pidieron que las autoridades investiguen estos hechos en cumplimiento de los derechos de las víctimas.

El informe evidencia las violaciones al derecho a la integridad personal y la "poca efectividad de las instituciones llamadas a ejercer contraloría sobre las instituciones de seguridad pública".

Esto pese a que El Salvador cuenta con un marco jurídico interno e internacional que garantiza este derecho, según expuso el coordinador general del OUDH, Danilo Flores.

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