Claudia Liduvina Escobar interpuso una demanda contenciosa administrativa contra el presidente de la República, Nayib Bukele, con la intención de revertir su destitución del cargo de comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En abril de 2021 la Presidencia de la República ordenó iniciar el proceso de remoción contra Escobar por haber cometido supuestos actos que afectaban el funcionamiento del Instituto, como "filtrar" información a medios de comunicación y apoyar una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante ese proceso la comisionada denunció que no tuvo derecho de audiencia y pidió recusar al presidente Bukele porque las causas de su remoción estaban ligadas a hechos que afectaban directamente al mandatario.

Su petición de recusar al presidente no fue atendida y en febrero de este año fue notificada finalmente de su remoción, pese a que "claramente el presidente tenía un interés directo en la remoción de mi representada", expone el más reciente escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar anular la decisión.

Escobar sostiene que no espera una respuesta positiva de la Sala de lo Contencioso, pero este paso es necesario antes de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).