Conductores de app de transporte piden frenar "acoso policial"

Un grupo de 2,300 conductores se han organizado para solicitar a la Asamblea Legislativa que les brinde certeza jurídica y, además, legisle para detener el robo de cuentas.

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Apoyo. Conductores de plataformas de transporte piden cesar acoso policial y delincuencia.

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Más de 2,000 conductores de aplicaciones de transporte solicitaron a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto transitorio para frenar lo que denominan "acoso policial", mientras se legaliza la operación de estas plataformas en El Salvador.

La organización Conductores Independientes de Plataformas Digitales de El Salvador (CIPDES) representa a unos 2,300 salvadoreños que trabajan con servicios como Uber o inDriver. Se comenzó a formar hace dos meses, cuando identificaron la necesidad de construir un frente común que los representara en las discusiones de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Gobierno presentó el anteproyecto el 20 de julio y entre las modificaciones incluye reconocer la gestión del servicio de transporte de pasajeros selectivo a través de plataformas digitales.

CIPDES confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que ha sostenido dos reuniones con asesores y diputados de Nuevas Ideas que forman parte de la Comisión de Obras Públicas. En esos encuentros presentó un documento donde expone la situación actual del sector, el perfil de los conductores y sus propuestas. CIPDES, sin embargo, prefirió reservarse la identidad de los legisladores con los que se ha reunido.

La principal solicitud es un decreto transitorio que los ampare mientras el Legislativo aprueba las reformas y se completa el proceso de autorización de cada conductor. "Hemos propuesto un decreto transitorio para que podamos trabajar y no sentir que nos pueden quitar las placas, ponernos multas", afirmó uno de los representantes de CIPDES.

Los tres voceros de la organización que conversaron con este medio pidieron el anonimato debido a la inseguridad que enfrentan en su trabajo. Precisamente su exposición diaria a hechos delictivos fue la otra preocupación que expusieron los conductores a la comisión, así como la baja rentabilidad de los viajes.

También propusieron incluir la modalidad de reserva anticipada para quienes laboran con las apps, ya que algunos prestan sus servicios a clientes personales, como se conoce en el sector a personas que deciden seguir viajando con el mismo conductor. Similar a lo que se ha planteado para los taxis, sugieren que en la ley quede plasmado que estos clientes pueden solicitar el servicio directamente a la persona de su preferencia.

Acoso policial

En su documento, CIPDES planteó a los diputados que el mayor problema que enfrentan es que la ley de tránsito no reconoce a las app de transporte, a pesar de que algunos de estos servicios están en el país desde 2017. Ese año hubo un intento de crear un marco legal, pero no se logró.

Aunque el vacío legal no es nuevo, los conductores afirmaron que las sanciones han arreciado en los últimos meses. La presencia policial es constante en los alrededores de centros comerciales y terminales de buses, donde decomisan tarjetas de circulación, placas y vehículos. "Incluso las patrullas se paran para preguntar, si lo ven con el celular en la mano", relató un representante de CIPDES.

A juicio de la organización, esta situación está relacionada con la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, ocurrida el 18 de septiembre pasado, tras presuntamente abordar un servicio de transporte privado. "En el último mes ha sido muy fuerte, por lo que se dio. Lamentamos lo que pasó con los jóvenes", afirmó una vocera del colectivo. "Todo lo que se ha dado, y también a través de las redes sociales, ha hecho que nuestro sector se estigmatice. Hemos ido a la Asamblea Legislativa para decir ‘aquí estamos nosotros, somos personas honradas’", agregó.

Según datos de CIPDES, las app son la principal fuente de ingresos para el 61.2 % de los conductores, para el 9 % es la clientela personal y solo el 29.9 % tiene otro trabajo. Además, el 36.6 % alquila el vehículo con el que trabaja, el 35.6 % es propietario y el 27.8 % lo tiene financiado. Con estos datos en mano, el colectivo sostuvo que gran parte de los conductores no se arriesgará a ser expulsado de las plataformas por cometer un ilícito.

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Tags:

  • transporte
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