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“En el proceso de reparación no estamos siendo respetados”: Familiares de víctimas de masacre en El Mozote

Óscar Tobar Claros perdió a su hermana   en la masacre de El Mozote y tras una larga espera por justicia lamenta que ni él ni otros representantes fueron consultados sobre nueva Ley.

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“En el proceso de reparación no estamos siendo respetados”: Familiares de víctimas de masacre en El Mozote

“En el proceso de reparación no estamos siendo respetados”: Familiares de víctimas de masacre en El Mozote

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La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre El Mozote, que busca registrar el parentesco de familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre ocurrida hace ya 40 años.

Esta nueva normativa presenta cambios en cómo las víctimas y sobrevivientes realizarán el proceso de inscripción a dicho registro, que se creó en 2016. Según la página web del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y Lugares Aledaños, hasta febrero de 2019 ya habían en la base de datos 1,730 personas: 48 víctimas sobrevivientes, 665 familiares de víctimas ejecutadas, 29 víctimas desplazadas y 988 víctimas ejecutadas; pero solo hay carnetizadas 324.

Óscar Leonel Tobar Claros, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) lamentó que no se incluyera en la Ley las propuestas que ellos presentaron y que tampoco fueran incluidas las víctimas en el estudio de dicha normativa.

¿Cómo funciona en la actualidad el Registro Único de Víctimas de El Mozote?

El registro fue creado en 2016 y funcionaba desde la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Las víctimas hacían todo el procedimiento de buscar documentos y archivos allá en las comunidades; pagaban abogado y se presentaban al Consejo Único de Víctimas y así se daba el visto bueno para poder ser incorporado.

La forma que se utilizaba desde 2016 es la misma que se usará con esta nueva Ley. No habrá un cambio, porque la misma forma va a ser de ingreso, la gente va a pagar. Lo único que va a tener es facilidad cuando se presente un nuevo abogado, que va a cobrar los mismos $800 dólares, lo que han cobrado siempre.

Ustedes habían presentado una ley que beneficiaba a las víctimas, pero no fue tomada en cuenta. ¿Qué pedían en esa normativa?

Habíamos presentado una ley para favorecer a las víctimas porque pedíamos que fuera gratis la documentación. O sea, el gobierno debía tener el compromiso de contratar un bufete de abogados, de esta manera se obtendría la información y por parte del gobierno se presentaría directamente al registro. También habíamos solicitado que se creara una oficina del Registro que fuera independiente, que a la hora que entrara un nuevo gobierno no estén modificando y que se mantuviera neutral, que solo la manejaran equipo técnico e indicado para incorporar a las 960-970 personas que faltan.

En la recién ley aprobada ya no será la Dirección General de Estadísticas y Censos quien llevará el registro, sino que será el Ministerio de Gobernación, ¿qué piensa de ello?

La Asamblea Legislativa cambió y puso que Gobernación sería la responsable de mantener los archivos históricos de las víctima y que ya no iba a ser la DIGESTYC. Nosotros por eso estamos pidiendo que en vez de que sea Gobernación que fuera directamente el Registro Único de Víctimas y que lo trabajaran técnicamente, y no el ministro o viceministros de las distintas instituciones.

¿Por qué consideran que el Ministerio de Gobernación no debería involucrarse?

El problema es que en Gobernación va a pasar como sucedió con la Secretaría Técnica, que cuando entró una administración diferente lo cambiaron completamente. Y para comenzar a funcionar tuvimos que esperar dos años.

Por eso le escribimos una carta al presidente Bukele, para que no sancione esa ley y que nos brinde una reunión. Y si no nos atiende, enviaremos una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para decirle que nosotros no estamos acuerdo con lo aprobado, para que la Corte IDH envíe a la Asamblea Legislativa una petición directa.

Este registro forma parte de las medidas de reparación que ordenó l Corte IDH para las víctimas de la masacre, ¿Qué otras medidas de reparación han recibido como afectados?

El tema de cumplimiento de la sentencia es más que todo de vivienda, que ha estado trabajando bastante en el tema. Se han entregado alrededor de 206 contribuciones; también Educación y Salud son las otras instituciones que han estado trabajando de una forma bastante activa. Pero en la actualidad, están haciendo en El Mozote un proyecto que no se consideran como cumplimiento de la sentencia, ya que nos han dicho que son proyectos de parte de la alcaldía.

En los gobiernos anteriores se ejecutaron carreteras, los 7 kilómetros de carretera que va de Arambala hacia El Mozote, la carretera del Altomiro a El Mozote; siete escuelas remodeladas, dos escuelas completamente construidas, una casa del adulto mayor, entre otros. Pero la administración actual no ha hecho ningún proyecto todavía.

¿Que piden ustedes, como víctimas y sobrevivientes, luego de 40 años desde que ocurrió la masacre?

Nosotros pedimos que el trabajo sea con el respeto a la representación de la víctimas. A pesar que nosotros somos los representantes ante la Corte Interamericana en el caso de El Mozote, en el proceso de reparación no estamos siendo respetados por el actual Gobierno. Ha sido bien irrespetuosa la forma en que ha trabajado el Estado.

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