Ente de juristas urge a El Salvador a garantizar independencia judicial

"La comisión hace un llamado urgente tanto al presidente como a la Asamblea Legislativa, para que dejen sin efecto las medidas adoptadas que afectan gravemente la independencia del poder judicial", señalan.

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La Comisión Internacional de Juristas pidió este lunes al Congreso de El Salvador que "deje sin efecto" las medidas que "afectan gravemente la independencia judicial" y llamó a que se garantice la separación de poderes en el país centroamericano.

El ente internacional hizo referencia a la destitución de jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, el pasado 1 de mayo, cuando asumió la nueva legislatura ampliamente oficialista en la Asamblea Legislativa salvadoreña.

También menciona, en un comunicado, la reforma de la carrera judicial que dio pie a la destitución de jueces con 60 años de edad y 30 años de carrera.

"La comisión hace un llamado urgente tanto al presidente como a la Asamblea Legislativa, para que dejen sin efecto las medidas adoptadas que afectan gravemente la independencia del poder judicial", señaló.

Llamó a "garantizar la plena independencia, autonomía e imparcialidad" del poder judicial e instó a "la comunidad internacional, en especial a los órganos de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas a adoptar acciones necesarias para proteger la independencia de los fiscales, jueces y tribunales en El Salvador".

"La independencia del poder judicial es uno de los elementos esenciales de la democracia y el Estado de derecho, conforme a la Carta Democrática Interamericana; es esencial para el disfrute de los derechos humanos y conlleva las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos", agregó.

De acuerdo con diversos sectores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, la destitución de los jueces y del fiscal general se dio fuera de lo establecido por la Constitución y los nuevos funcionarios son considerados "leales" al Gobierno de Bukele.

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