Loading...

Entrevista | "No han entendido a qué va enfocado el orden público": Marcela Galeas, abogada penalista

La reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal es una idea buena para combatir la corrupción, pero mal planteada en la propuesta hecha por el GOES, según la abogada.

Enlace copiado
Entrevista |

Entrevista | "No han entendido a qué va enfocado el orden público": Marcela Galeas, abogada penalista

Enlace copiado

La petición del Gobierno para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sin antes haber armonizado las normas legales, puede provocar un desorden en el ordenamiento jurídico. Esa es la consideración que hace la abogada penalista Marcela Galeas, quien considera que los asesores jurídicos del oficialismo no tienen claro el concepto de "orden público".

¿Qué deberíamos entender como concepto de "orden público" en la petición que hace el GOES para declarar que no prescriban delitos de corrupción?

Primero hay que establecer una cuestión: ellos lo manifiestan porque esta es una excepción al principio de irretroactividad penal. Establece que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al imputado. Como no estamos en el segundo, que es de una ley favorable al imputado, han estimado a bien tomar el primero y categorizar la reforma. Él (el presidente Nayib Bukele) habla de ley, pero es una reforma a un precepto legal, es diferente. Creo que es un problema que tiene el presidente porque no tiene la formación en esto, pero lo deberían saber los jurídicos de CAPRES.

¿Qué implicaciones tiene que una normativa sea de "orden público?

Cuando se habla de orden público, quiere decir que debería de aplicarse de manera general y en pro de una situación de seguridad, de orden social público, y de una situación jurídica que amerite la aplicación o declaratoria de un precepto legal. Creo que en esta situación no se siguió con claridad el uso. Le falta claridad a la redacción. Primero, no aclara los efectos; segundo, no es la forma de, porque para establecer una reforma, una redacción de este tipo, debían primero de armonizar con la Constitución lo referente a la prescripción de estos delitos y la aplicación de la retroactividad.

¿Qué otros vacíos le ve a la redacción?

Si se va a ampliar en cuánto a la temporalidad, hasta qué punto. No han establecido la temporalidad: ¿retroactivo hasta cuándo? Habría un conflicto con todo el ordenamiento jurídico y con los principios y garantías penales mínimos y básicos que están tanto en el Código Penal como en el Procesal Penal, porque no se puede aplicar retroactivamente un precepto que vendría a agravar la penalidad de un delito preexistente. Estaría rebasándose los límites de la legalidad y de la seguridad jurídica que se encuentran desde la Constitución hasta la legislación secundaria. Es por eso que se había puesto el límite de la retroactividad, que se encuentra no solo en nuestro ordenamiento, sino en el ordenamiento jurídico mundial, porque esto atiende al principio de justicia universal.

¿Qué efectos puede provocar eso?

Aquí entramos a una situación bien complicada, porque no se ha explicado ni siquiera los efectos. La irretroactividad se basa en que las leyes únicamente deberían proyectar sus efectos hacia el futuro. Cuando habla de que se ha de aplicar en el pasado bajo el esquema o configuración de materia de orden público, creo que a mí, como a todos, nos deja en el limbo de saber qué es lo que lo que ellos entienden por orden público versus la seguridad jurídica contra la cual se atenta con dicha reforma.

¿Qué tipo de normativas pueden considerarse de orden público?

Orden público ha de referirse a la aplicación o creación de artículos o de legislación que venga en pro de armonizar las actuaciones de gobernados, ciudadanos, para garantizar el pleno goce de derechos y garantías dentro de la sociedad.

Es la segunda normativa de orden público que el Gobierno declara en poco tiempo, tras declarar que la vacunación contra covid-19 también lo era...

Es una normativa de orden público el esquema de vacunación y la obligatoriedad porque está hablando no solo de salud como derecho individual, sino que de salud pública como derecho colectivo y social.

Es un escenario diferente al de la lucha contra la corrupción con retroactividad...

Lo que creo es que no han entendido a qué va enfocado el orden público. Ya cuando hablamos de imputaciones penales, si bien el derecho penal es público, pero las imputaciones penales y la individualización por cometimiento de delitos es de manera individual y personal. Creo que plantearlo de esa manera fue la única salida que vieron de atribuirle, en nombre del orden público, esa situación para que pudiese darse esa figura. Pero realmente no vendría siendo así, sobre todo cuando no han armonizado la Constitución. Tendría que haberse reformado, igual que leyes secundarias y el Código Procesal Penal, por el principio de integridad de la norma.

¿Basta solo con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción?

A mi forma de ver, no únicamente lo hubiera referido a la retroactividad y que no prescribieran los delitos, sino también debían ampliarse las modalidades en cuanto a corrupción para que no se siga abusando de esto y crearse nuevas figuras delictivas. Porque si vemos la mayoría de delitos de corrupción, la penalidad es bastante baja. Eso no lo tocaron. Tenía que haber sido primordial que lo tocaran, claro está, si lo que se busca es realmente combatir la corrupción y no dar una persecución hacia adversarios políticos.

¿Podría abrir la puerta a demandas al Estado a nivel internacional?

Asumo que está la CIDH vigilante con esto, también ver qué dice la ONU. Porque hay varios tratados internacionales en los cuales se habla de cómo se ha de respetar las garantías penales mínimas.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines