Una familia, de diez miembros, que desde hace 30 años residen en la zona verde de la residencial La Pradera, de Usulután, denunció que ha recibido una notificación de la alcaldía municipal para que desalojen el lugar por la presunta usurpación del terreno.

Fredy Arguera, cabeza de la familia, y ex agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Usulután, aseguró que cuando la residencial fue construida, los encargados del proyecto autorizaron a la familia de su esposa para que se quedara en el lugar.

"El ingeniero dueño de aquí le permitió a mi suegro quedarse, pero el alcalde nos quiere sacar afectando a mi familia" dijo Arguera, quien era miembro del síndicato de trabajadores de la alcaldía usuluteca, de donde renunció el 1 de enero.

La familia fue notificada del desalojo el 14 de diciembre y les dieron 45 días para irse. Arguera era encargado del área de comunicaciones del síndicato e hizo varios señalamientos contra la actual administración de Nuevas Ideas.

Se buscó la postura del alcalde sobre el caso, pero estaba en una reunión.