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Gobierno legaliza recompensas por denuncias anónimas contra pandilleros

El Gobierno salvadoreño oficializó el mecanismo que seguirá para recompensar a personas que denuncien a pandilleros. La normativa no determina los montos a brindar, pero sí que la PNC debe investigar cada aviso.

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Denuncias.  El 123 es el número que el gobierno promociona. Organizaciones han documentado capturas que no han sido investigadas.

Denuncias. El 123 es el número que el gobierno promociona. Organizaciones han documentado capturas que no han sido investigadas.

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El pasado 9 de junio fue publicada en el Diario Oficial la normativa sobre la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo.

La normativa determina cómo se manejará la base de datos de informantes, cómo se deberá cobrar la recompensa por parte de los que denuncien y cómo se harán los cobros. También deja en claro que la Policía Nacional Civil (PNC) debe investigar cada denuncia.

El artículo dos establece que será la corporación policial la que elaborará una lista que contenga la referencia de miembros de organizaciones terroristas, así como los roles que cumplen en las estructuras delincuenciales.

Según la normativa, la PNC recopilará la información que la población brinde y esta será analizada, para luego pasar a una validación con las autoridades respectivas y determinar si se hace efectivo o no el pago de la recompensa.

“Es gravísimo sustentar detenciones arbitrarias en supuestas denuncias ciudadanas,  en un país con altos niveles de conflictividad y violencia interpersonal”.

Jeannette Aguilar, investigadora.

El número telefónico 123 ha sido la línea que el Gobierno habilitó desde el 13 mayo, en plena ejecución del régimen de excepción, para que la población denuncie a pandilleros.

Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad, asegura que las autoridades están usando este mecanismo para intentar dar legalidad a esas detenciones, pero que "estos no pueden sustituir el debido proceso y la investigación penal que la FGR y la PNC están obligadas a hacer para sostener una acusación ante un juez. Se están valiendo de un mecanismo Ad hoc que han creado en el marco del régimen de excepción para darle apariencia de legalidad".

Agregó que con esta ley buscan facilitarle el trabajo a la Fiscalía, "que históricamente ha mostrado severas deficiencias en la sustanciación de los por esos penales mediante una investigación técnica y científica".

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) ha documentado casos de denuncias por detenciones arbitrarias en los que las personas han expresado que la captura se han dado por llamadas anónimas. Las víctimas sospechan que los denunciantes pudieron haber sido vecinos con quienes tuvieron conflictos comunitarios.

El artículo cinco de la normativa señala que las personas que denuncien a pandilleros serán registradas a través de mecanismos que permitan "la confidencialidad y protección del informante".

Sin embargo, la ley no establece sanciones para aquellas personas que sean informantes y que la denuncia haya sido falsa. "Es gravísimo sustentar detenciones arbitrarias masivas en supuestas denuncias ciudadanas en un país con altos niveles de conflictividad y violencia interpersonal", expresó la experta en temas de seguridad pública.

El pago de los informantes

De acuerdo a la ejecución presupuestaria del Programa Especial de Combate a Terroristas 2022, de los $45.5 millones de dólares que acabó recibiendo s e tomarán $28.7 millones para transferencias corrientes (el Fondo de Recompensa). Sin embargo, no existe claridad en el monto que recibirá la persona que realice la denuncia. Lo único que explican es que el pago estará determinado de acuerdo a "la gravedad y el perfil delictivo de la persona denunciada".

"Para estos efectos la Policía Nacional Civil establecerá los criterios para la asignación de las recompensas y los mismos se deberán utilizar para justificar la autorización del otorgamiento de la recompensa", detalla en el artículo siete.

Ante esta situación, Aguilar sostiene que la recompensa es un incentivo para que las personas proliferen señalamientos sin fundamentos.

"Es gravísimo que un derecho fundamental como la libertad se violente por el Estado con base a señalamientos sin fundamento, que cualquier puede hacer por venganza, envidias o resentimientos. Estos mecanismos de ‘vigilantismo comunitario’ aumentará los conflictos y la violencia en las comunidades", indicó.

Un reciente informe de Cristosal sobre las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción también concluyó que este tipo de procedimientos violenta el derecho al debido proceso.

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