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Investigación revela que fiscal impuesto trabajó para Alba Petróleos

Rodolfo Delgado percibió más de $46,000 en concepto de salario, según una investigación del diario digital Infobae.
 

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Rodolfo Antonio Delgado Montes, fiscal general impuesto por la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo | Foto: archivo

Rodolfo Antonio Delgado Montes, el fiscal general impuesto por la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo, trabajó para Alba Petróleos durante 2019, un año después de que la Fiscalía General de la República (FGR) del destituido Raúl Melara allanara la empresa fundada por altos dirigentes del FMLN, como parte de la recolección de pruebas en una investigación por lavado de dinero.

Este domingo 1 de agosto, el diario digital Infobae (Argentina) reveló una investigación en la que consta el vínculo entre Alba Petróleos y Delgado. El texto, firmado por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, da detalles sobre una declaración de renta presentada el 29 de  abril de 2020 y en la que se refleja una relación laboral entre la empresa y el abogado.

Por sus servicios, Delgado recibió un total  de $46,666.60, registra la declaración, cantidad por la cual le fue retenido, en concepto de impuestos, $4,666.66. Estos pagos, revela Infobae, representaron casi el 70 % de los ingresos que el hoy funcionario reportó ese año.

El documento no establece las funciones realizadas por Delgado, pero según la investigación, los ingresos recibidos por Alba responden  a un pago por la prestación de servicios profesionales. 

Rodolfo Delgado fue impuesto como fiscal en la madrugada del 2 de mayo, luego que el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, hiciera la propuesta en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa. Delgado fue juramentado  luego de que la Asamblea destituyera de manera irregular a Raúl Melara, aduciendo una afiliación partidaria que le imposibilitaba de tener imparcialidad, según los legisladores.

Fue la Fiscalía de Melara la que abrió, en mayo de 2018, una investigación por lavado de dinero contra la empresa Alba Petróleos,  fundada en 2006 con fondos de la petrolera venezolana PDVSA (60 %)   y un consorcio salvadoreño de alcaldías (40 %).  El conglomerado también es investigado por Estados Unidos y Venezuela.

El 31 de mayo de 2019, la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad  allanó   las instalaciones de 27 empresas de grupo ALBA, ligada a varios funcionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén y miembros del partido político FMLN, por sospechas de haber lavado un total de $3,242 millones entre enero de 2010 y marzo de 2019. Más tarde, investigaciones de los periódicos salvadoreños Revista Factum y El Faro revelaron que Alba Petróleos entregó millones de dólares en concepto de préstamos a empresas dirigidas por funcionarios del gabinete del Gobierno Bukele.

En septiembre de 2019, el propio Nayib Bukele aceptó que en 2013, cuando fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán, recibió $1.9 millones de Inverval, una de las principales sociedades del Grupo Alba. Inverval, además, fue financista, ese mismo 2013, de una residencial en su comuna y del Canal TVX, proyecto que Bukele impulsó junto al dirigente efemelenista José Luis Merino.

En septiembre pasado,  el periódico estadounidense El Nuevo Herald, citando el informe titulado “Cómo hacer desaparecer $1,000 millones”, publicado por IBI Consultants, también dio a conocer nexos de Bukele con Alba , luego que él y las compañías familiares recibieron $2 millones de Alba. Desde su fundación, Alba Petróleos ha sido liderada por Merino, ex comandante guerrillero y uno de los dirigentes más poderosos en el  FMLN.

Hace un mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que Merino forma parte de la “Lista Engel”, un informe que vincula a 14 políticos de El Salvador en grandes casos de corrupción y en los que destaca una parte del círculo íntimo de Bukele, entre estos la jefa del Gabinete, Carolina Recinos (que recibió préstamos de Alba), y el ex ministro de Agricultura Pablo Anliker (que también recibió préstamos de Alba).

A inicios de julio, consultado por esa lista, el fiscal Delgado respondió que no podía tomarla en cuenta para iniciar investigaciones, a menos que las autoridades estadounidenses les hicieran llegar los “elementos probatorios” para que estos fueran analizados.  “Ellos están mencionados en un listado de acuerdo a las apreciaciones y valoraciones que han hecho autoridades de otro país”, por lo que “las consecuencias se van a ver reflejadas conforme al derecho interno de otro país”.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó ayer  una respuesta de Delgado a través de la oficina de prensa de la FGR. Se pidió que  el funcionario explicara en qué consistió su trabajo para Alba, además de que explicara cómo garantiza una investigación robusta y si existe alguna fórmula que pueda hacer superar el evidente conflicto de interés en el caso. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

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