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Piden justicia por omisión de investigación en supuesto feminicidio

Señalan como responsable de la muerte al compañero de vida de la víctima.  Por ahora está preso, pero por otro delito.  

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Foto: archivo

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Justicia. Eso es lo que solicitan organizaciones feministas y de la sociedad civil ante la denuncia de un supuesto feminicidio ocurrido en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.

Patricia Galdámez Arias falleció la noche del 12 de enero de 2021 luego de sufrir lesiones físicas y psicológicas causadas por su compañero de vida, José Benjamín Iraheta.


Según la denuncia hecha por la organización Colectivo Feminista, Patricia fue golpeada por Iraheta el 6 de octubre de 2020. Relatos de familiares de la víctima detallan que José Iraheta constantemente maltrataba verbal, psicológica, física y sexualmente a su pareja.


El 7 de octubre de 2020 José atacó a su propia hermana y su sobrina con un arma blanca, supuestamente porque la primera le había enviado fotografías de las lesiones ocasionadas a Patricia a un hijo que tienen en común. Ese ataque provocó lesiones profundas a la hermana y a la sobrina de José, por lo que fue denunciado y posteriormente capturado. Sin embargo, no hubo denuncias por las agresiones  ocasionadas hacia su esposa.


Patricia fue diagnosticada  posteriormente  de episodio psicótico agudo en el Hospital Nacional Jorge Mazzinni de Sonsonate, debido a los golpes que el supuesto agresor le ocasionó. Además, ella tenía cicatrices en sus pies, ya que su pareja le intentó introducir clavos. Días después, ella fue dada de alta, sin embargo no se veían mejoras en su salud y falleció el 12 de enero.


 “Ante esto, las organizaciones sociales y de mujeres condenamos la muerte de Patricia Arias, pues la violencia de las mujeres se ha querido invisibilizar declarando que han bajado los casos. Sin embargo, la violencia sigue en aumento arrebatando más vidas de mujeres, niñas y adolescentes”, se lee en el comunicado de prensa publicado por la colectiva.


Las organizaciones además pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que cumpla con los procesos de investigación que manda la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres  (LEIV) y evitar así que el caso quede en la impunidad.

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