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¿Qué contiene y qué se logró con los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña?

La depuración de la FAES, la eliminación del reclutamiento forzoso y la creación de la Policía Nacional Civil a cargo de mandos civiles fue parte de los Acuerdos de Paz en 1992. Treinta años después y contrario a estos acuerdos, la PNC es dirigida por el militar Mauricio Arriaza Chicas, contra cuyo nombramiento se interpuso una demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que no ha prosperado. 

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¿Qué contiene y qué se logró con los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña? Foto: archivo

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Los Acuerdos de Paz están contenidos en un documento de casi un centenar de páginas firmado el 16 de enero de 1992 en la Ciudad de México para poner fin a la guerra civil salvadoreña después de un largo proceso de negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 

Además de las firmas que representaban cada parte, incluidas en todas y cada una de las páginas del documento, se encuentra también la del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali.

El acuerdo puso fin a una cruenta guerra civil con más de 75 mil asesinatos, mientras otros fueron desaparecidos o sufrieron violaciones sistemáticas. 

Este martes, la Asamblea Legislativa, de mayoría afín al Gobierno de Nayib Bukele, quien aseguró que la guerra "fue una farsa", aprobó derogar la conmemoración de los Acueros de Paz cada 16 de enero, a menos de una semana en la que se desarrollará una marcha ciudadana en conmemoración de la fecha y contra el retroceso democrático en el actual Gobierno. 

¿Cómo se llegó a los Acuerdos?

Los Acuerdos de Paz llegaron luego de un largo proceso de negociaciones. El 4 de abril de 1990, casi dos años antes, se concretó el Acuerdo de Ginebra cuyo propósito de manera resumida era "terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña".

Se citan como antecedentes también los Acuerdos de San José del 26 de julio de 1990, de México del 27 de abril de 1991 y de Nueva York del 25 de septiembre de 1991, así como la Agenda de Caracas del 21 de mayo de 1990 y la Negociación Comprimida de Nueva York del 25 de septiembre de 1991.

Se creó la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) para supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

También, como parte de los Acuerdos de México de 1991 se creó la Comisión de la Verdad, que más tarde emitió el informe "De la locura a la esperanza" y enumera graves crímenes cometidos durante el conflicto y sus responsables.

¿Qué fue lo que se acordó?

Los acuerdos se concretaron con una serie de reformas a leyes y a la Constitución salvadoreña y la creación de varias instituciones que se realizaron en los siguientes años en la búsqueda del avance democrático y garantía del respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Cese del enfrentamiento armado

El cese del enfrentamiento armado (CEA) se acordó como "un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada" en todo el territorio salvadoreño, el cual comprendió del 1 de febrero de 1992 (llamado día-D) al 31 de octubre del mismo año. 

Comprendió el cese al fuego, la separación de fuerzas, el fin de la estructura militar del FMLN, la incorporación de sus integrantes a la vida civil, política e institucional, la restauración de la administración pública en las zonas conflictivas, el uso de los medios de comunicación en favor de la reconciliación y la verificación de Naciones Unidas del cumplimiento de estos acuerdos.

El FMLN concentro´en 15 lugares señalados en el Acuerdo "todas las armas, municiones, minas, otros explosivos y equipo militar de sus fuerzas" como de fuerzas clandestinas, y entre el 15 y 31 de octubre de 1992 serían destruidos bajo supervisión y de manera simultánea.

Creación de la PNC, depuración de la FAES, supresión de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Servicios de Inteligencia

Depuración y reducción de la FAES

El primer capítulo establece la depuración y reducción de la Fuerza Armada adecuada a las funciones dadas en la reforma Constitucional y en consecuencia reducción del gasto militar y batallones de infantería y reacción inmediata. Indica los principios a los que se tendrá que apegar la Fuerza Armada. Estos incluyen su carácter apolítico  y no deliberante, "ajena a toda consideración política", la formación de sus miembros en respeto a los Derechos Humanos,  una relación armónica con la sociedad civil, así como su subordinación a las autoridades constitucionales.

Se establece que el mantenimiento de la paz interna y la tranquilidad y orden así como la seguridad Pública estará fuera de la misión ordinaria de la FAES y le atribuye un papel "excepcional". La Fuerza Armada queda a cargo de la soberanía territorial frente a una amenaza militar externa, con una seguridad fundada en el "irrestricto respeto de los derechos individuales y sociales de la persona". 

Eliminación de la Guardia Nacional y Policía de Hacienda

Establece que la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda serán suprimidas y sus efectivos se incorporarán al Ejército. También se suprime la Dirección Nacional de Inteligencia y establece que estas funciones serán del Organismo de Inteligencia del Estado subordinado al poder civil bajo la autoridad del Presidente de la República y con supervisión de la Asamblea Legislativa.

Además, se disuelve la defensa civil, se acuerda regular los servicios de seguridad privada.

Fin del reclutamiento forzoso

Se elimina el reclutamiento forzoso y se promulga una nueva ley del servicio militar y reserva. 

El régimen del servicio territorial de la FAES pasa a régimen de reserva, se establece que el reclutamiento se hará "exclusivamente por llamamiento en base a sorteo y al registro de voluntarios" y "el servicio militar podrá prestarse en forma continua o discontinua".

Creación de la Policía Nacional Civil y la ANSP

Se crea la Policía Nacional Civil, independiente de la Fuerza Armada, en un ministerio diferente, ajeno a toda actividad partidista y  "ajeno a toda consideración política"; con cuerpo nuevo, nueva organización, nuevos cuadros y mecanismos de formación, de adiestramiento y doctrina.

Se establece que la Seguridad Pública estará a cargo de la PNC y que esta debe estar bajo la dirección de autoridades civiles.  Contrario a estos acuerdos, actualmente la PNC está bajo la dirección del militar Mauricio Arriaza Chicas.

Indica que esta dará un servicio del Estado a la ciudadanía, que "el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos no podrá verse menoscabado por la actuación policial", que sus agentes deberán tener aprobado el noveno grado de educación y ser mayores de 18 años.

Se crea la ANSP como organismo autónomo y con autoridades civiles para formar los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y evaluarlos anualmente. 

Creación del CNJ y la PDDH

El Consejo Nacional de la Judicatura es creado para asegurar la independencia de los órganos del estado y de los partidos políticos, con una integración entre jueces y sectores de la sociedad no conectados directamente con la administración de justicia.

Se acuerda crear la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y la elaboración de la ley orgánica de esta se encarga a COPAZ. 

Reforma electoral y creación del TSE

Uno de los acuerdos entre las partes fue promover reformas al sistema electoral. Posteriormente se elimina el Consejo Central de Elecciones (CCE) y se crea el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conformado por los magistrados designados por la Asamblea Legislativa provenientes de las propuestas de los partidos políticos y coaliciones con mayores votos en la última elección presidencial.

El FMLN se convierte en partido político

Se legaliza el FMLN como partido político, se liberan los detenidos políticos y se adoptan medidas especiales de seguridad para la protección de los dirigentes del FMLN que lo requieran. 

El "Problema agrario"

Los acuerdos también abordan el "problema agrario" y contempla diferentes puntos en los que se incluyen la transferencia de tierras rústicas que excedan el límite constitucional de 245 hectáreas, con programas en los que se daría preferencia a excombatientes de ambas partes que no tuvieran tierras y que voluntariamente lo solicitaran, el sistema de pagos de las tierras, las tierras en las zonas conflictivas, la legalización de la tenencia de tierra en zonas conflictivas a título individual o asociativo, sobre las tierras ocupadas, entre otros.

Además, se acordó otorgar créditos para el sector agropecuario, la micro y pequeña empresa, la pequeña producción campesina, las cooperativas; así como asistencia técnica para propiciar la productividad de los campesinos y agricultores en pequeño, "particularmente en las zonas conflictivas". Esto incluía gestionar recursos externos para suplir la demanda de crédito agrícola que resultaría de los Acuerdos de Paz.

Acuerdan "Medidas para aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural"

En este punto se incluyó la adopción de políticas y la creación de mecanismos para defender a los consumidores a través de una ley de protección al consumidor para la "eventual creación de la Procuraduría General de la Defensa del Consumidor". Además, se acordó una política de privatización que fomentara la "el acceso a los trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas", evitar prácticas monopólicas, garantizar la libertad empresarial.

Se acordó crear programas de compensación social para aliviar la extrema pobreza, para lo cual se gestionarían recursos externos adicionales; así como cooperación externa directa y privada para impulsar proyectos de asistencia en comunidades. 

Creación de un foro para la concertación económica y social

Se acordó crear un foro donde participara el Gobierno, el sector laboral y empresarial en el que se concertarían medidas para aliviar el costo social del programa de ajuste estructural, y para proponer soluciones a las comunidades marginales urbanas y suburbanas y problemas derivados del conflicto armado.

Se exige un plan de reconstrucción nacional

Este sería presentado por el Gobierno salvadoreño al FMLN en los siguientes treinta días a la firma del cese del enfrentamiento armado, para que el FMLN recomendara sugerencias. El objetivo del plan era atender las necesidades inmediatas de la población más afectada por el conflicto así como de los excombatientes de ambas partes y la reconstrucción de la infraestructura dañada. Incluía programas  de becas, pensiones, programas de vivienda e instalación de empresas, empleo masivo, aumento de la producción de alimentos básicos y programas para lisiados y familiares de víctimas entre la población civil.

Se crea un Fondo de Reconstrucción Nacional apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se hace un llamado a la comunidad internacional para que brinden el mayor apoyo posible en las gestiones de recaudación.

Restauración de la administración pública en zonas conflictivas y uso de medios de comunicación para la reconciliación

"Se restaurará lo antes posible toda la gama de servicios públicos tales como energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y caminos, así como otros servicios proporcionados por el estado en ámbitos tales como la agricultura, la educación y la salud", se estableció.

Además, se acordó promover en los medios de comunicación campañas de publicidad a favor de la reunificación y reconciliación de la sociedad, así como abstenerse de toda propaganda o política informativa incongruente con el presente Acuerdo o con el proceso de distensión y de reconciliación.

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