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Reformas al código procesal penal generan desconfianza

La iniciativa oficialista para incluir un capítulo de evidencia digital fue vista con recelo, ya que podría provocar arbitrariedades en la obtención de la prueba, consideraron abogados y diputado opositores.

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Ambigüedad. Luego de aprobar reformas a la ley contra delitos informáticos, oficialismo propone reformas al código procesal penal.

Ambigüedad. Luego de aprobar reformas a la ley contra delitos informáticos, oficialismo propone reformas al código procesal penal.

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Nuevas Ideas presentó el pasado martes una iniciativa para reformar el código procesal penal, en el sentido de agregar un capítulo que se denominará "evidencia digital", y que establece, entre otras cosas, mecanismos para recolectar pruebas de este tipo.

Pese a venderla como una herramienta para combatir delitos informáticos, también abre la puerta al cometimiento de arbitrariedades, consideraron abogadas y legisladores de oposición, al relacionar esta reforma con otras que también han sido aprobadas por la actual Asamblea.

Hace un mes, en la plenaria 32 (7 de diciembre de 2021) la Asamblea aprobó una serie de reformas a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, la cual fue cuestionada por calificar de delito el que se filtre información que el gobierno ha declarado como reservada pese a ser de carácter oficioso, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La falta de transparencia ha sido uno de los cuestionamientos más recurrentes al actual gobierno, que ha declarado como información reservada la relacionada, por ejemplo, con el plan nacional de salud, o el uso de fondos públicos para compra de insumos para paquetes alimenticios, o sobre el manejo de la pandemia.

Pese a que todo lo anterior debería ser, según LAIP, de carácter oficioso (ser público sin necesidad que alguien lo solicite), el GOES la ha declarado reservada; y con la reforma de diciembre convirtió en delito su transmisión u obtención.

Ahora, la reforma propuesta el pasado martes va un paso más allá, ya que pretende regular el proceso mediante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) obtenga información digital para presentarla como prueba.

En el nuevo capítulo a incorporar, la propuesta plantea que puede ser considerada como prueba de un delito, "los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico".

En octubre del 2021, LA PRENSA GRÁFICA obtuvo una copia del borrador que Nuevas Ideas preparaba para reformar el código procesal penal. La iniciativa presentada el martes es exactamente la misma que obtuvo este medio, lo que significa que la propuesta ya estaba hecha desde antes, inclusive, de aprobar las reformas de diciembre de 2021.

Asimismo, la presentación de la iniciativa coincide con un momento en que la FGR ha realizado allanamientos en oficinas de exfiscales que investigaron el caso "Cátedral", relacionado a casos de corrupción que involucran al gobierno de Nayib Bukele.

Dudas

Ante todo ello, la abogada Marcela Galeas consideró que, de aprobarse la reforma propuesta, puede dar paso a arbitrariedades. "Con esta modificación al código procesal penal, no se suplen los vacíos legales, puesto que no aclaran varios conceptos técnicos y falta un análisis de lo que podría ser la evidencia digital", apuntó.

"Podrían ellos tomarla como una forma de legalizar algún proceder ilegítimo. El origen de la investigación pueda no ser el combate a delitos informáticos como tal, sino el ejercicio de manera arbitraria para poder intervenir las comunicaciones y, específicamente, la intimidad de ciertas personas", agregó.

En un sentido similar se pronunciaron también legisladores de oposición. Para el caso, Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) recordó que la propuesta también incluye la creación de la figura del "agente digital encubierto".

"Buscan reformar el código procesal para poder procesar delitos que serán en todo este entorno digital. Sobre la figura del agente encubierto creo que hace falta discusión y estudio. La figura está contemplada en la legislación, lo que no queda claro es que con esta función cuál sería el propósito verdadero", apuntó.

Wright también cuestionó que las reformas al código procesal penal suelen ser vistas en la comisión de legislación, y señaló lo peligroso de dotar al Estado de herramientas legales pero que pueden ser utilizadas con otros fines.

"Hay que dotar al Estado de herramientas para hacer investigación efectiva, pero claramente estas herramientas en manos de instituciones que no son independientes, que se desvían y están en función de un proyecto político, también tenemos que tener cuidado", agregó.

Además de lo relacionado al mecanismo de obtención de prueba, la reforma también incluye disposiciones para que, como media cautelar, se restringa o se bloqueen perfiles o sitios web de internet. Esta medida, ya presente en el borrador que este medio conoció en octubre de 2021, sufrió pequeñas modificaciones, pero mantiene la esencia de bloquear sitios.

"Es muy diferente coartar el ejercicio legítimo de una persona que expresa sus ideas de manera libre; a una persona que ejerza acoso en redes, para lo cual sí debería realizarse un bloqueo de cuenta", indicó Galeas, que aclaró que este debe realizarse luego de asegurar el contenido, ya que este puede servir como prueba. En la reforma presentada, este aspecto se corrigió, aunque también se agregó que la cuenta puede pasar bloqueada todo el tiempo que dure el proceso.

Reforma al código procesal Penal

La reforma  incluye varias disposiciones que dejan la puerta abierta a la ambigüedad.

  1. Evidencia digital
    “Documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de TIC o por medio de cualquier dispositivo electrónico serán admisibles como prueba”. Esto amarra con la reforma de diciembre que prohibe transferencia de información declarada confidencial por vía legal; el caso de la información reservada del GOES.
     
  2. Incorporación 
    En el borrador que este medio conoció en octubre de 2021, se establecía que para incorporar como prueba del delito la evidencia digital, bastaba con el testimonio de la persona que intervino el aparato, pero sin obligar a que este fuera un perito o un experto en informática; o sea que cualquier persona podía dar validez a las “pruebas”. Esta propuesta se mantuvo tal cual en el proyecto de reforma presentado.
     
  3. Agentes Digitales
    En el borrador de la propuesta se establecía que las operaciones encubiertas únicamente podrían realizarse cuando otros mecanismos de investigación no hubieran resultado útiles para el esclarecimiento del delito informático investigado. Quitaron esa traba y ahora no hay ninguna limitante a en qué momento se pueden realizar operaciones encubiertas por parte de la FGR.
     
  4. Medidas Cautelares
    En el borrador de reforma se establecía como medida cautelar la restricción o bloqueo de cuenta, perfil o sitio web de internet, lo que podía provocar que se perdiera la prueba. En la reforma se incorporó que se pueda solicitar el aseguramiento del contenido. Las cuentas podrán ser bloqueadas durante todo el tiempo que dure el proceso de instrucción formal del proceso penal.

Comisión reprogramó visita

La comisión de seguridad, en la cual se discutirá la reforma propuesta por Nuevas Ideas, tenía programado recibir ayer al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, para conocer sus impresiones de la misma. Sin embargo, este se excusó por otra reunión y la comisión acordó reprogramar su visita, e invitarlo junto al fiscal oficialista, Rodolfo Delgado. 

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