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A los 30 años del SICA

Algunos actores creen representar el interés de su país en perjuicio del interés común. Esto impide empujar el carro de la gran república, con la perspectiva que lo hacemos por el bien común y aspirando a construir, eventualmente, algo más macro y superior.

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César Ernesto Salazar Grande - Especialista en Derecho Comunitario y magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia

César Ernesto Salazar Grande - Especialista en Derecho Comunitario y magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia

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Para que una Comunidad de Estados sea eficaz y se desarrolle se necesita de repúblicas fuertes, de institucionalidad nacional fuerte y de poderes enfocados hacia un mismo objetivo que dejen atrás vehemencias y celos fragmentarios.

Desde mediados del siglo XVIII, hasta inicios del siglo XX, hubo intentos por unificar Centroamérica. Eventos de acción unionista y conflictos marcaron una realidad insoslayable de inestabilidad en la región que avivaban la búsqueda de una necesaria configuración política de paz y desarrollo para los pueblos centroamericanos.

Fue por ello que la "Conferencia de Washington en 1907" y la constitución de la Corte de Justicia Centroamericana reconocieron la historia común, la identidad regional y el trato nacional de todos los centroamericanos. Poco se cumplieron dichos Acuerdos, la Corte desaparecería a los 10 años de su vigencia, poco se pudo hacer.

Avanzaban los procesos de unificación de Centroamérica con la creación de la ODECA, por la vía política y el Tratado General de Integración Económica, por la vía económica, pero nuestra historia volvió a deteriorar la integración de estos Estados. En la década de los 80 la fuerte crisis derivada principalmente de los conflictos internos llevó a los ya conocidos esfuerzos realizados en Esquipulas I y II hasta que en la XI Reunión se llegara a suscribir el Protocolo de Tegucigalpa (PT).

El proceso llevaba como plan no solo la pacificación, sino la institucionalización de Estados Democráticos y de Derecho como base para poder hacer un plan de desarrollo y de integración regional.

Cuando se suscribe el PT se suscribe en reconocimiento que se habían sentado las bases en cada uno de los Estados, para que sobre estas las relaciones de poder se hicieran mediante el funcionamiento de Estados de Derecho. El mismo SICA creado es la base fundamental de una Comunidad de Derecho conformada por órganos de decisión y jurisdiccional, como lo es la Corte Centroamericana de Justicia.

Nuestras repúblicas -de la mano de sus respectivos líderes políticos- hoy vuelven a andar ese camino desandado, de reemprender ese viaje hacia la desunión. Los Estados deben retomar los motivos del porqué se integraron; verificar lo que han firmado y ratificado, continuar con su cumplimiento y someterlos al imperio del derecho y la jurisdicción; y seguir fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho, evitando siempre criterios individualistas o de protección soberana.

El interés nacional difícilmente permea en la conducción de los asuntos del Estado. En realidad, prevalecen las ideologías o los intereses de turno. Yo diría, se rompe la pita (lazo, mecate), cada cambio de presidencia en cada país es un dolor de cabeza para el seguimiento de las tareas institucionales del SICA. El Protocolo de Tegucigalpa (PT) establece que el vocero de Centroamérica le corresponde a la Presidencia inmediata anterior, para evitar mezclar los intereses de turno de la Presidencia ejerciente.

Algunos actores creen representar el interés de su país en perjuicio del interés común. Esto impide empujar el carro de la gran república, con la perspectiva que lo hacemos por el bien común y aspirando a construir, eventualmente, algo más macro y superior. Desde cualquier posición, las manifestaciones de poder se hacen con la mayor vehemencia, sin darle mucha cabida al consenso. Nos debemos entonces preguntar si llegó la hora de cambiar y adoptar un mecanismo de decisión que sea más efectivo y democrático.

Si continuamos así, nunca llegaremos a ver al SICA como un todo, sino como la suma de pequeños trozos del mismo que siempre son proclives al conflicto. Porque, además, el juego político es visto como lucha, no como esfuerzo o negociación colectiva para fines del bien común.

La lucha entre poderes puede conducir a crisis mayores. Esto es normal y aunque el comportamiento político se jacte de tener mucha latitud para crear u operar, toda acción que se dé en cualquiera de nuestras repúblicas debe adscribirse a los principios constitucionales. Para los centroamericanos la cultura de legalidad es esencial y de seguridad jurídica en nuestras relaciones.

Igual se podría decir de las instituciones del orbe regional. ¿Por qué los Estados no usan sus poderes soberanos para reajustar, fortalecer y consolidar la vida de sus instituciones a fin de que cubran los vacíos que existen o que eventualmente se den? Pero no. Se arguye el celo de la soberanía cuando ya no se quiere cumplir o cuando ya no se quiere avanzar, ¿quién quiere un Tribunal regional encima del gobierno? ¿qué gobierno quiere verse empañado por una condena de un Tribunal regional? pero no, la soberanía se esconde cuando se debería esgrimir para buenos propósitos.

Los poderes del Estado deben trabajar armónicamente y técnicamente para impulsar la buena andanza de la administración pública dentro de sus propias repúblicas y bajo sus propios instrumentos de resolución de conflictos a través de las cortes nacionales, en las que, dicho sea de paso -por sentencia- no debería haber conflicto entre poderes. Este es un presupuesto importante, son y deben ser asuntos de cada Estado, pero en función de su compromiso regional al desarrollo.

Aterrizando. Más importante aún es que los Tratados de integración regional son compromiso de Estado y no de Gobierno, es decir, vinculan a sus Órganos o Poderes Fundamentales: legislativo, ejecutivo, judicial y en algunos países el electoral, en la función que les corresponde y en observancia de las obligaciones de la integración regional.

La Corte Centroamericana de Justicia no se puede interpretar bajo las mismas competencias de la Corte de Cartago. Ni tampoco se puede comparar el constitucionalismo de esa época con el actual, por lo que la competencia de conflicto de poderes resulta ser limitada. La Corte Centroamericana de Justicia por resolución del 22 de marzo de 2021, claramente establece que solo puede conocer de casos de conflictos de poderes cuando estos atañen a los tratados de la integración y no a normas internas constitucionales.

Claro y contundente, se sienta precedente, a fin de ordenar su origen y destino: representar la conciencia de Centroamérica, ser depositaria y custodio de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana y principalmente, ser el órgano competente para garantizar el respeto del derecho en la interpretación y ejecución debida de las normas del Sistema de la Integración Centroamericana.

Es importante reconocer los frutos de la integración centroamericana: se han aprobado Políticas comunes, como la social, salud, género, ambiente, de prevención ante los desastres naturales, entre otras de importancia; se cuenta con infraestructura propia en carreteras y puertos, así como una administración común del espacio aéreo; se logró seguridad energética con la construcción de la red y el funcionamiento de un mercado eléctrico; se logró tener un Banco propio que apoya a los Estados en infraestructura y desarrollo; se logró un comercio intrarregional de bienes y servicios; entre otros logros objetivamente verificables. ¿Qué más podemos decir y justificar para continuar lo que empezamos?

Depende de los Estados cumplir su constitución, depende de los Estados cumplir los compromisos de integración como compromisos de Estado y no de Gobierno. Depende de cada uno de los Estados contar con poderes soberanos e institucionalidad fuerte al interior de sus Estados, porque de ello dependerá el buen funcionamiento y el comportamiento que tendrán para saldar sus compromisos en el SICA.

¡¡¡Fortalezcamos la institucionalidad del SICA, integrémonos en todos y cada uno de sus órganos e instituciones, en todas sus políticas, démosle competencias, otorguémosle capacidad, aseguremos sus finanzas, creemos la carrera administrativa del funcionario, sometámonos al imperio del derecho y a la jurisdicción, CUMPLAMOS CON SER UNA COMUNIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA, como lo prescribe el Protocolo de Tegucigalpa -que por cierto- como principio fundamental del mismo, no tiene reservas ni puede tener retrocesos, pues constituye un patrimonio cívico y un Plan de Desarrollo!!!

A los 30 años de su fundación: ¡Sigamos adelante, el SICA a lo suyo y los Estados, también!

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