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Ante el deterioro de la independencia judicial, es momento de impulsar el arbitraje

Con la decisión de depurar a casi un tercio de los jueces del país, existe el riesgo a que se nombre a jueces que no respondan a la Constitución y a las leyes sino que respondan al Gobierno.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El arbitraje es un mecanismo de solución alterna de conflictos por medio del cual las partes involucradas en el mismo confían su solución a un tribunal arbitral, el cual tiene facultades suficientes para tomar una decisión final denominada laudo arbitral. En el ámbito comercial, es una alternativa muy atractiva frente a los procesos judiciales a cargo de los tribunales comunes, ya que tiene ventajas tales como la eficacia y eficiencia con la que se desarrolla el procedimiento, la rapidez con la que se obtiene una decisión final, el control que tienen las partes para decidir la forma más conveniente de realizar determinados actos dentro del procedimiento, la selección de los árbitros, entre otras.

En definitiva, el arbitraje ha demostrado ser un mecanismo conveniente y moderno para resolver las controversias que surgen entre las partes de un contrato, especialmente puesto que representa una alternativa frente a los tribunales comunes. Este mecanismo de solución de controversias cobra especial relevancia en el contexto actual, ya que recientemente fueron aprobadas por parte de la Asamblea Legislativa ciertas reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el objeto de jubilar a los jueces y fiscales mayores de 60 años de edad o que lleven más de 30 años prestando sus servicios, lo cual claramente constituye un riesgo para el correcto funcionamiento del sistema judicial, la independencia judicial y la eficaz administración de justicia.

Particularmente, la independencia judicial es un principio fundamental del régimen constitucional y un principio rector del Estado de Derecho, que impide las arbitrariedades y los abusos por parte de los entes jurisdiccionales. Por lo cual, es deseable para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho que los tribunales de la República, estén conformados por jueces y magistrados capaces, idóneos, e independientes. Lo anterior, a efecto de que pueda garantizarse el respeto al ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales y la competencia de los órganos constitucionales.

Sin embargo, con la decisión de depurar a casi un tercio de los jueces del pais, existe el riesgo a que se nombre a jueces que no respondan a la constitución y a las leyes sino que respondan al Gobierno, con lo cual se impide que la justicia sea administrada en debida forma y se deteriora el principio de independencia judicial. Por lo cual, es de fundamental importancia revisitar e impulsar los distintos mecanismos disponibles según nuestro ordenamiento jurídico para solucionar controversias y los cuales constituyen una alternativa a la justicia ordinaria, principalmente, el arbitraje.

Como Centro de Estudios Jurídicos reiteramos nuestra condena a las reformas que se han efectuado a la Ley de la Carrera Judicial y a Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya que no solo afectan de manera injustificada la carrera judicial de los jueces del pais, sino que también atentan contra la independencia judicial. Asimismo, invitamos a los usuarios del sistema judicial a que hagan uso de los mecanismos alternos de solución de controversias amparados en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el arbitraje, a efecto de que la justicia sea administrada eficazmente y se evite que las decisiones judiciales sean emitidas en favor de intereses particulares ajenos al proceso.

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