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De la inundación a la improbable conciencia medio ambiental

Bajo su dominio, ni siquiera se ha ratificado el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República, no hay nada parecido a un modelo de construcción hídricamente sostenible y la Ley General de Recursos Hídricos de la que el oficialismo se ha regodeado no contó con ni garantizó la participación ciudadana, y mucho de su articulado es controversial en la protección de lo público frente a lo privado.

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La imagen del gobierno se vio tan golpeada por su pobre capacidad de reacción ante los estragos supuestos por el clima que lo obligaron a pronunciarse sobre un tema que ha sido tabú durante la administración Bukele: el medio ambiente.

El presidente y algunos de sus funcionarios más cercanos intentaron matizar lo ocurrido especialmente en el área metropolitana de San Salvador aludiendo al calentamiento global y al cambio climático.

Fue uno de los giros retóricos que eligieron para no asumir su responsabilidad por la falta de preparación y previsión exhibida el fin de semana; el otro fue seguir culpando a los gobiernos anteriores, como lo hizo entre otros el ministro de Gobernación, sin duda un pobre signo de carácter del funcionario que debería concentrarse al ciento por ciento de la emergencia en lugar de desperdiciar su tiempo en inútil politiquería.

Que el gobierno se refiera siquiera de modo superfluo al calentamiento global es inédito y además incongruente de una administración que hace algunos años se negó a firmar el trascendental Acuerdo de Escazú porque "no se puede dejar de construir viviendas". Escazú es un acuerdo latinoamericano que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones relativas y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La negativa salvadoreña, considerando la fragilidad y el grado de depredación y destrucción ambientales del territorio, las oportunidades frustradas por esa decisión y lo dramático del momento para el vulnerable Triángulo Norte, fue calificada en su momento como una demostración de que el régimen no tenía ninguna voluntad ética ni política en esta materia.

Bukele no se sintió incómodo entonces como tampoco cada vez que ha dicho que entre lo que él considera "desarrollo" y la protección medio ambiental, a la que se ha referido varias veces como tramitología, prefiere lo primero.

Aunque en el Plan Cuscatlán se consignaban algunos conceptos elementales asociados al tema, ni el gabinete ni la Asamblea Legislativa en la que sus operarios son mayoría ha movido normativas ni reglamentos en la dirección prometida por el entonces candidato. Bajo su dominio, ni siquiera se ha ratificado el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República, no hay nada parecido a un modelo de construcción hídricamente sostenible y la Ley General de Recursos Hídricos de la que el oficialismo se ha regodeado no contó con ni garantizó la participación ciudadana, y mucho de su articulado es controversial en la protección de lo público frente a lo privado.

¿Por qué entonces la conversión ambientalista del régimen, comenzando con su presidente? Por lo de siempre, para desviar la conversación nacional hacia otros sentidos, para echar mano a un determinismo, a lo inevitable de la crisis ecológica en lugar de responsabilizarse por la inacción y la inversión del erario en superficialidades.

Que el presidente y su círculo hablen de cambio climático mientras el país pierde manto acuífero, suelo funcional y riqueza forestal, y mientras se le cambia la fisonomía a la capital gracias a la permisividad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es de una contradicción abrumadora.

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