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El centralismo, inconveniente pesado en la emergencia

Si la gula centralista fuese sólo de información, apenas habría que lamentar el exceso de propaganda y el despilfarro de dinero público en ese afán. Pero esa visión ha llevado al país a retroceder varios años en desarrollo local. La abolición de la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) y la burocratización y tramitología salvajes que ahora se imponen a cada municipalidad para satisfacer las necesidades de sus comunidades le ha restado eficiencia al trabajo municipal.

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Cada vez que puede, la presidencia transmite su pretensión de organismo sólido y centralizado, que no es sólo el centro político de todo el oficialismo sino además el corazón operativo del funcionamiento del Estado.

Esa idea, que riñe naturalmente con la idea de la autonomía local y el desarrollo de los municipios y de cualquier otra división administrativa del Estado, está tan infiltrada en el régimen como para que se pretenda que nada, desde inversión hasta información, pase por otras manos que no sean las del mandatario a menos que la coyuntura sugiera excepciones. Esa obsesión por ser el centro de gravedad de la esfera pública queda ilustrada cada vez que el presidente de la República informa hasta de una suspensión de clases o el pronóstico del tiempo.

Si la gula centralista fuese sólo de información, apenas habría que lamentar el exceso de propaganda y el despilfarro de dinero público en ese afán. Pero esa visión ha llevado al país a retroceder varios años en desarrollo local. La abolición de la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) y la burocratización y tramitología salvajes que ahora se imponen a cada municipalidad para satisfacer las necesidades de sus comunidades le ha restado eficiencia al trabajo municipal.

En la práctica, ha sido devolver al municipalismo adonde se encontraba en los años 80; progresar desde ahí sólo fue posible después de pelea política que se llevó varios años y puso en contra al Ejecutivo, entonces comandado por Francisco Flores, con el órgano legislativo, con buena parte de los gobiernos locales e incluso con la Corte Suprema de Justicia.

Que el Estado pasara de asignar del 1 al 7 por ciento de su presupuesto general entre 1997 y 2005 fue fundamental para impulsar inversiones en infraestructura, salud, educación y seguridad en todos los municipios pero en particular en los más pobres. En algunas alcaldías, ese presupuesto representaba hasta el 85 por ciento de los ingresos.

Con el sambenito de que los partidos opositores se robaban ese dinero, el Ejecutivo centralizó toda la inversión pública, con los efectivos negativos que eso supone, uno de ellos la pérdida de capacidad de respuesta ante emergencias como la ocurrida el fin de semana. Que días después la respuesta sea una reacción del Ejecutivo otra vez centralizando la asistencia es el reflejo natural de la administración, el modo idóneo para convertir la gestión pública en capital político y en propaganda pero no lo más eficaz para alcanzar a todo el territorio que se ha visto afectado.

Los niveles de responsabilidad y los grados de incidencia para combatir la vulnerabilidad del gobierno central jamás competirán con las de los locales. Enfrentar la creciente urbanización, reparar la débil gobernanza en materia medio ambiental y reconocer proactivamente el deterioro de los ecosistemas le compete al Ejecutivo y convertirse en eje del funcionamiento del Estado. Pero el apoyo a los ciudadanos, la asistencia inmediata debe correr sí o sí por cuenta de la estructura social y política que ya funciona en cada territorio.

Lamentablemente, eso equivaldría a perder el control del dinero, de las compras de emergencia y de la propaganda. Y centro del interés del gobierno salvadoreño está ahí, a propósito de la población pero no necesariamente en ella.

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