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¿Es verdadero el compromiso de luchar contra la corrupción?

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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Con el supuesto propósito de combatir la corrupción se presentó una propuesta de reforma al art. 32 del Código Procesal Penal. El objeto es que una serie de delitos sean imprescriptibles. Entre tales están peculado, cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias; pero también se declararían imprescriptibles los delitos de desobediencia de particulares, resistencia, tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, uso de aparatos electrónicos en centros penitenciarios, desacato, e información falsa para el programa de protección a víctimas.

La prescripción es una expresión de la seguridad jurídica. Sobre ello ha dicho la Sala de lo Constitucional: "al haberse estipulado un plazo legal para perseguir penalmente al imputado, existe la certeza de que esa posibilidad de persecución estatal no se mantendrá de forma indefinida" (Hábeas Corpus 159-2019). Pero, como todo derecho, está sujeto a límites.

La Convencio´n sobre Imprescriptibilidad de Cri´menes de Guerra y Cri´menes de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma reconocen la imprescriptibilidad de esos cri´menes internacionales.

Asimismo, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional expuso: "la funcio´n de expandir o extender el campo de aplicacio´n de la amnisti´a de manera irrestricta, hasta incluir casos o hechos que nunca debieron ser beneficiados con esa medida por constituir supuestos de graves y sistema´ticas violaciones a los derechos fundamentales y cri´menes internacionales de cara´cter imprescriptible" (Inconstitucionalidad 44-2013).

Será cuestionable que, siendo una figura tan excepcional, se intente utilizar para algunos delitos que no tienen relación con la corrupción. También será cuestionable la constitucionalidad del intento de aplicar la reforma de manera retroactiva. Pero hay que destacar, primero, que sí es válido declarar excepcionalmente la imprescriptibilidad para ciertos delitos, y segundo, que hay que aprovechar el impulso que ha expresado el Órgano Ejecutivo para combatir la corrupción a fin de que se haga de manera integral y seria.

Las pocas acciones contra la corrupción que ha habido en El Salvador, y que como caso más destacado tienen al expresidente Antonio Saca en una prisión, son producto del ejercicio que hicieron algunos ciudadanos de su derecho de acceso a la información pública. Es por ello que si el gobierno en combatir la corrupción, corresponde que se potencie el derecho de acceso a la información pública, en lugar de limitarlo.

De manera que, como Centro de Estudios Jurídicos consideramos que para demostrar un verdadero compromiso contra la corrupción, el Gobierno debe promover y, el partido de gobierno, que controla a la Asamblea Legislativa, debería:

1. Archivar el proyecto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que propuso el mismo Órgano Ejecutivo. Esto pues tal iniciativa provoca límites desproporcionados al derecho de acceso a la información pública.

2. Derogar la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionados por la Pandemia COVID-19 (conocida como Ley Alabí), debido a que esa ley deja el arca abierta para hacer compras discrecionales en el marco de la pandemia, y a su vez otorgó "inmunidad" en materia penal a los funcionarios y contratistas de esas compras públicas.

Estas normas no pueden convivir con una iniciativa de declarar imprescriptibles los delitos sobre corrupción.

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