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¿Estamos financiando a terroristas?

Las pandillas son grupos terroristas. Así lo declaró la Sala de lo Constitucional en 2015, y las negociaciones con los pandilleros a espaldas de la población amenazan a cada familia salvadoreña, sean estas llevadas a cabo en 2014 o en 2021.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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Con esta pregunta titulamos nuestra columna el 14 de agosto de 2017, a propósito del proceso que se instruyó contra ciertos exfuncionarios, empleados públicos y sujetos privados a quienes se les atribuyó la comisión de delitos en el marco de la política del gobierno conocida como "la tregua con las pandillas".

En esas audiencias, un líder pandillero rindió su testimonio y aseveró que para las elecciones presidenciales de 2014 el FMLN y ARENA les entregaron a las 3 principales pandillas cantidades de dinero para requerirles apoyo en la campaña electoral. Ese apoyo, para el caso del FMLN, incluía quitarles el Documento Único de Identidad a las personas afines a ARENA, y así evitar que ejercieran su derecho al sufragio. La declaración testimonial relacionada, aunada a las investigaciones periodísticas sobre ese mismo asunto, fueron indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación al respecto, no solo por financiamiento a las padillas, sino también por los actos criminales disuasivos para la elección presidencial de 2014.

Hace unos días, el periódico digital El Faro publicó una investigación periodística en la que se señala la activa participación de funcionarios para coordinar y fomentar una tregua con las pandillas desde 2019. Al parecer, los acuerdos de esta nueva tregua implican que las pandillas redujeran su actividad criminal a cambio de una mejora en las condiciones de vida de sus miembros dentro y fuera de las cárceles, el apoyo en actividades electorales, así como la no extradición de ciertos líderes para enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos de América.

Un pacto secreto entre el gobierno de El Salvador y las pandillas es lo mismo de los últimos años. Fue el gobierno del expresidente Funes quien basó la política de seguridad pública en negociaciones secretas con pandilleros. Luego también hubo revelaciones de negociaciones del partido ARENA con pandilleros en el marco de la campaña presidencial de 2014. Cinco años después, conocemos nuevamente de pactos oscuros entre funcionarios del Gobierno y líderes de las pandillas.

Las pandillas son grupos terroristas. Así lo declaró la Sala de lo Constitucional en 2015, y las negociaciones con los pandilleros a espaldas de la población amenazan a cada familia salvadoreña, sean estas llevadas a cabo en 2014 o en 2021. Si bien, el problema de las pandillas es crítico al afectar la vida de todos los ciudadanos y el Estado tiene el reto de ejecutar acciones acordes a esta realidad, estas actuaciones deben ser basadas en el marco de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que deben regir las actuaciones de los funcionarios. Se requiere de una estrategia integral que incluya medidas de prevención, combate y reinserción de las personas, y con la mayor transparencia y apertura a la sociedad, dado que su eficacia está directamente relacionada con la vida de la población.

Así como lo hemos dicho en el pasado, lo repetimos hoy, en respeto al derecho a la presunción de inocencia, debemos ser prudentes y evitar condenar de antemano a cualquier sujeto o partido político. Pero, de igual manera, debemos ejercer ciudadanía exigiendo a la Fiscalía General de la República que investiguen profunda y rápidamente si el Gobierno, sus dirigentes, y algunos sujetos relacionados con aquellos, han participado en financiar a los grupos pandilleros.

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