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Señales preocupantes en la Policía Nacional

Dos episodios, ambos relacionados con personal que representa a otras fuerzas políticas en los organismos electorales, indican que la intención de Bukele no es sólo provocar a los militantes de sus dos vehículos partidarios sino transformar a la Policía en una institución diferente, ajena a sus deberes constitucionales, reaccionaria e impredecible. Eso, usando el lenguaje bélico que es debilidad del mandatario, sí equivale a jugar con fuego.

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La desnaturalización de la Policía Nacional Civil es un riesgo que la nación no debe correr; sin embargo, este gobierno se ha propuesto alterar la noción de los cuerpos de seguridad tal cual se pensó en el marco de los acuerdos de Chapultepec.

Dos episodios, ambos relacionados con personal que representa a otras fuerzas políticas en los organismos electorales, indican que la intención de Bukele no es sólo provocar a los militantes de sus dos vehículos partidarios sino transformar a la Policía en una institución diferente, ajena a sus deberes constitucionales, reaccionaria e impredecible. Eso, usando el lenguaje bélico que es debilidad del mandatario, sí equivale a jugar con fuego.

En un Estado de derecho, los agentes de seguridad están sí o sí sujetos al poder civil pero no obedecerán órdenes manifiestamente ilegales. Precisamente las dos primeras funciones que se delegan a la institución en su misma Ley Orgánica son garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos en todo el territorio nacional. No hay excepciones a ese mandato.

No podía haber excepciones toda vez que la decisión del Estado salvadoreño, en concordancia con la firma de la paz y el informe de la Comisión de la Verdad, fue desmilitarizar a la Policía y garantizar que en lugar de participar en estructuras lesivas a los derechos humanos, la entidad fuese un brazo efectivo para la investigación del delito a la orden del ministerio público. El informe es tajante al recomendar que los lineamientos del nuevo cuerpo de seguridad fuesen rigurosamente respetados.

Pero desde hace algunas semanas, asistimos con preocupación a un desvío de la PNC. En una escalada de desaciertos, los agentes protagonizaron un papel vergonzoso no colaborando con los fiscales en las pesquisas en el Ministerio de Salud; luego, detuvieron a un miembro de una junta electoral sin requerimiento fiscal; y recientemente se denunciaron arbitrariedades en otra detención, contra un personero del mismo partido opositor, acusado de expresiones de violencia contra la mujer.

En el clima preelectoral, estos procedimientos policiales son un antecedente nefasto: la nación necesita de toda la certidumbre jurídica posible antes de la campaña y de las votaciones, no de ejercicios de fuerza ni de vulgarizar a la PNC para convertirla en una suerte de policía política o de reducir a los agentes a meros matones al servicio del partido oficial.

Igual de nefasto fue el mensaje brindado por el director de la corporación hace algunas semanas, al querer matizar la orden recibida por otro órgano del Estado. Es el pobre capital ético que la mal entendida obediencia a la presidencia de la República le está dejando a algunos miembros del gabinete, como ya le ocurrió al ministro de la Defensa Nacional.

La comunidad internacional ha puesto sus ojos en El Salvador desde la irrupción armada en el edificio legislativo; lo que el mandatario se ha gastado desde entonces, con fondos del erario público, en lobby y maquillaje en Washington, no ha servido de nada. Estas señales sólo atraerán más la atención de las fuerzas democráticas de la región, que por el tenor de los acontecimientos deberían tomarle el pulso a nuestro proceso electoral y vigilarlo en el terreno desde el mismo pistoletazo de salida de la campaña.

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