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Séptimo Sentido | Esperar 15 años por una plaza de docente

La que hasta ahora ha sido la pensión mínima de los docentes, $207, no alcanza para cubrir la canasta básica, que en 2020, alcanzó los $209. Muchos, aunque ya están en edad de retiro, siguen trabajando. Esta es una de las razones por las que un docente recién graduado tiene que esperar más de 15 años por la asignación de una plaza. 

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Ilustración de Moris Aldana

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Regino Batz lleva 22 años buscando una plaza en el sector público. Se graduó en 1999 del profesorado en filosofía y, desde entonces, ha dejado currículum cada vez que se entera de la publicación de una plaza. Pero, hasta ahora, nada. El profesorado que estudió desapareció hace años de la currícula nacional. Por eso, cuando consiguió trabajo por contrato en un colegio, tuvo que impartir una clase que no correspondía con sus estudios: religión.

La sobreoferta de docentes, dice Ricardo Hernández, investigador y maestro, genera que algunos esperen hasta más de 10 años para conseguir una plaza. "Por ejemplo, para los que se graduaron en el 2000, la plaza en el sistema público se les otorgó, probablemente, entre los años 2015 y 2020. Es decir, los docentes que están obteniendo plazas en estos momentos tienen un desfase que ronda los 15 años. Y los maestros que se graduaron en el 2020, probablemente van a obtener una plaza dentro de 12, 15 o, incluso, 20 años", comenta.

Jeser Candray, investigador, dice que esa situación representa una crisis para la educación. "Un docente que, después todo ese tiempo, va a dar clases, ya está desfasado con los currículos que hay y las formas de evaluación. Eso no es una cosa menor", comenta.

Para mantener actualizados sus conocimientos, Regino estudió la Licenciatura en Filosofía de la UCA y, después, la Licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador. Teniendo un profesorado, dos licenciaturas y 22 años intentando entrar en el sistema, él no sabe explicarse por qué, a sus 52 años, no le han dado una plaza. Esto, aun cuando uno de los criterios para la asignación de plazas, según la Ley de la Carrera Docente, es la antigüedad en la graduación.

"Cuando vi que dejaba currículums y no me llamaban, pregunté que qué podía hacer. Me dijeron que tenía que ir al Tribunal Calificador. Fui como en tres oportunidades y hablé con las personas que veían el tema de las plazas. Lo único que me dijeron fue que ya se la habían dado a otra persona", explica Regino. Cerrar temporalmente la admisión de estudiantes para profesorados es una medida que urge, de acuerdo con Óscar Picardo, investigador y especialista en política educativa: "Hasta que la situación se regularice".

¿Quién estudia para enseñar?

"No quiero decir que sea fácil, pero sí es una carrera que llama la atención porque es corta y porque, cuando se logra entrar al sistema, se pueden quedar ahí hasta su retiro", señala la investigadora Carolina Bodewig como una de las razones por las que muchos bachilleres toman esta opción.

Regino tiene, por ahora, trabajo en el sector privado, sí. Pero eso no le garantiza estabilidad, explica: "Estoy por contrato. Puede ser que a final del año me digan: muchas gracias por sus servicios".

Por su edad, teme que ya no le asignen una plaza en el sector público. Eso le parece más cruel porque, durante todos los años de espera, ha visto cómo asignan plazas a personas que, según él, no cumplen con los requisitos. "Me impacta la desigualdad y la falta de oportunidades. Porque en este recorrido de ir preguntando, uno se da cuenta de que algunos compañeros logran entrar porque son cercanos a un grupo político o porque están dentro de un gremio", comenta.

La planta educativa está envejecida. Para 2018, el MINEDUCYT reportó más de 17 mil docentes activos entre los 51 y 70 años. 207 tenían más de 71 años. Además, las cifras muestran que el número de docentes que superaban la edad de jubilación que, para entonces, seguían dando clases, iba en aumento.

En 2016, el MINEDUCYT reportó 1,161 docentes activos que ya habían superado la edad de retiro (de 61 años o más). En 2017, las cifras mostraron 419 personas más que el año anterior. Y, durante 2018, 547 docentes se sumaron a esa lista. Es decir, se reportaron 2,627 docentes de más de 61 años. Estos datos no han sido actualizados en plataformas públicas y, cuando se solicita la información a la institución, la respuesta es que no existe.

Las personas en estas edades, según la OMS, se encuentran entre las poblaciones en riesgo de tener complicaciones graves por el covid-19. Hasta ahora, Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, dice que han muerto, al menos, 110 docentes a causa de esta enfermedad. La ministra de educación, Carla de Varela, afirmó que son "alrededor de 17 mil personas entre personal administrativo y maestros mayores de 60 años y con enfermedades crónicas". Y, según el sitio web de la Presidencia de la República, en el plan de vacunación, el Ministerio de Salud ha contemplado dar prioridad a estas personas, pero, hasta ahora, no se tiene claro cuándo va a llegar la vacuna al país.

"Hay alrededor de 3,500 docentes que ya deberían de haberse retirado", confirma Candray. Pero, en algunos diálogos, varios le han comentado que no lo van a hacer. "Un docente en edad de jubilación tendrá unos 30 años de estar trabajando. A lo mejor, estuvo 10 años en el sector privado, como suele pasar. Ahí ganaba unos $300, $400 mensuales. Por tanto, su nivel de ahorro ha sido muy bajo. Por eso, la pensión que obtienen los docentes anda entre los $200 y $300", comenta. Esa, según Candray, es una reducción significativa para alguien que, por el escalafón, ha llegado a tener un salario de $800 o $900, y, por eso, esa persona no se va a jubilar.

No hay pensión digna

En el Proyecto del Presupuesto 2021 aprobado por la Asamblea Legislativa se incluye un aumento a las pensiones. Sin embargo, para la Junta Directiva Nacional de SIMEDUCO, ese incremento no es suficiente: "Aplaudimos el esfuerzo de la Asamblea Legislativa de aumentar la pensión mínima de $207 a $304, que representa un aumento significativo; sin embargo, insistimos en la reversión a las reformas del Sistema de Ahorro para Pensiones y en la creación del Instituto Autónomo de Pensiones que garantice tasas de retorno justas a todos los trabajadores", se expresa en un comunicado.

Rodríguez dice que ni con ese aumento se alcanzan a cubrir los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), gastos en salud, compromisos familiares y deudas que tienen los docentes. Según datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (Digestyc), en 2020, el costo de la CBA alcanzó los $209. 83.

Para hacer el aumento a la pensión, dice la economista Tatiana Marroquín, "se tenía que incluir un refuerzo por parte del Estado. De acuerdo a cálculos de la Superintendencia del Sistema Financiero, el impacto del aumento será de $80 millones. La Asamblea asignó $125 millones, eso solo para un año". Ese decreto, sin embargo, fue vetado por Nayib Bukele.

Al vetar el financiamiento, explica Marroquín, lo que el presidente está haciendo es poner más presión sobre las finanzas públicas normales y sobre la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS). Si la CGS no recibe fondos de parte del Estado, corre el riesgo de acabarse "bastante rápido", comenta. Y, ahí, el aumento podría verse comprometido.

La Asamblea Legislativa hizo un decreto de retiro voluntario que da a los docentes 15 salarios base cuando se retiren. Pese a eso, explica Candray, "solo entre 100 y 200 se jubilan cada año".

"Ya me estoy preparando anímicamente", dice Regino ante la posibilidad de un despido. En función de esperar lo peor, ha comenzado a pensar en hacer manualidades para vender. "En el caso de que me despidan, que me quedara en la calle, voy a intentar empezar a vender macetas, o ya voy a ver qué voy a hacer", dice, y en su voz se escucha el cansancio.



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